La reciente captura en Argentina del contralmirante mexicano Fernando Farías Laguna marcó la persecución de uno de los señalados dentro de una de las investigaciones más complejas contra el tráfico ilícito de hidrocarburos en la historia de México.
El caso, que ha involucrado a altos mandos navales, empresarios y funcionarios aduanales, ha expuesto los alcances del denominado huachicol fiscal, una modalidad de contrabando que drenó miles de millones de pesos al erario nacional y derivó en asesinatos, fugas y un operativo internacional para desarticular la red.Esta es una cronología de los hechos que permiten entender el entramado de corrupción y crimen organizado que sacudió a la Marina y a las instituciones de seguridad mexicanas.
En noviembre de 2021, el asesinato de Sergio Carmona Angulo, conocido como “El Rey del Huachicol”, detonó las primeras investigaciones sobre redes de tráfico de combustibles entre Texas y Tamaulipas.De acuerdo con declaraciones realizadas por las periodistas María Idalia Gómez y Anabel Hernández, el homicidio de Carmona y su colaboración previa con la DEA precipitaron la apertura de expedientes que, años después, derivarían en procesos judiciales contra empresarios, marinos y operadores financieros, aunque de forma oficial las autoridades no han reconocido esto.
La versión oficial iniciaría entonces en junio de 2024, cuando el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar denunció formalmente ante el entonces titular de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda Durán, la existencia de una red de huachicol fiscal encabezada por los hermanos Farías Laguna.La denuncia quedó documentada en un audio y en una carta manuscrita, y mencionaba presiones internas, sobornos y movimientos de personal para proteger la operación ilícita en las aduanas marítimas.
Sin embargo, Guerrero Alcántar fue asesinado en noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima, bajo un modus operandi idéntico al crimen de la funcionaria de la FGR Magaly Janet Nava Ramos, ejecutada semanas antes en la misma región.Ambos asesinatos fueron atribuidos a sicarios en motocicleta y armas calibre 9 mm, elementos que la Fiscalía General de la República (FGR) consideró clave para vincular los casos.
El 31 de marzo de 2025, la Secretaría de Marina, la FGR a través de la FEMDO, la SSPC, la Defensa Nacional y la Guardia Nacional llevaron a cabo un operativo en el puerto de Tampico, Tamaulipas, que resultó en el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel de contrabando, el mayor decomiso en la historia reciente de México.
