En el 2007, la Ciudad de México se convirtió en el primer estado en despenalizar el aborto, dando pie a que en 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucional la criminalización total de la interrupción del embarazo, lo que ha impulsado que cada vez más estados se legisle sobre el tema.
Sin embargo, a 19 años de la despenalización del aborto en la capital del país, la ciudad lo mantiene en su Código Penal y encabeza el número de investigaciones por interrupción del embarazo.
Organizaciones como GIRE señalan que el máximo tribunal ha transformado el aborto de un tema legal a un derecho humano, lo que ha permitido que miles de mujeres y personas con capacidad de gestar decidan sobre su cuerpo.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2015 y febrero de 2026 se han abierto mil 587 carpetas y averiguaciones previas por aborto en la Ciudad de México, pese a que en 2007 se reconoció el acceso libre al procedimiento durante las primeras doce semanas de gestación.
El avance legal ha sido acompañado de exigencias de organizaciones feministas y colectivas, que insisten en que el aborto debe dejar de considerarse un delito y eliminarse de la legislación penal local.
La SCJN comenzó a revisar la legalidad del aborto en la capital en 2002, cuando resolvió que permitir la interrupción en ciertos casos no violaba la Constitución.
La sentencia de 2008 blindó el derecho a decidir en la Ciudad de México y sirvió de ejemplo para otras entidades. Estos precedentes fueron retomados en otros países y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A pesar de los fallos, la criminalización persiste. Organizaciones como Fondo MARIA, Abortion Data, Antígona, Balance, Ddeser, Equidad de Género, GIRE, Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, Ipas LAC, Luchadoras, Médicos del Mundo, Michis Aborteros, REDefine CDMX y Vivas y Libres realizaron ayer una manifestación frente al Congreso local para exigir que el aborto salga del Código Penal, en el marco del 19 aniversario de la legislación.
Señalaron que mantenerlo en el ámbito penal perpetúa el estigma y dificulta el acceso efectivo, incluso cuando la salud de la mujer está en riesgo o existen causales legales.
Entre 2018 y 2021, la SCJN resolvió casos en los que mujeres fueron privadas del acceso al aborto a pesar de contar con derechos reconocidos.
El tribunal determinó que negar el servicio en estos contextos es una violación a los derechos humanos y reconoció por primera vez que todas las personas con capacidad de gestar tienen estos derechos.
El impulso de la Marea Verde y las recientes sentencias de la Suprema Corte, como la que invalidó la criminalización del aborto en Coahuila, han consolidado la obligación del Estado mexicano de garantizar este servicio de salud.
