¿Fue Qatar quien movió los hilos para conseguir que el fiscal general de la Corte Penal Internacional emitiera órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ex ministro de Defensa Yoav Gallant? La pregunta es obligada después de sendos artículos de The Guardian y The Wall Street Journal que aportan pruebas de un presunto quid pro quo entre el fiscal general Karim Khan y el estado qatarí.
Estos serían los tres vértices que sostienen la información. Primero, el fiscal Khan es acusado por conducta sexual coercitiva y abuso de autoridad por parte de una abogada, estrecha colaboradora suya. Dicho presunto abuso se habría producido en su oficina, en su domicilio y en habitaciones de hotel durante viajes de trabajo. La acusación se produjo el 29 de abril de 2024. Inmediatamente después, según el testimonio y las grabaciones que están en posesión del Wall Street Journal, Qatar habría enviado el mensaje de poder “cuidar” y “proteger” a Khan de las acusaciones, si emitía urgentemente las órdenes de detención contra los dirigentes israelíes. Y finalmente, el 20 de mayo, contra todo pronóstico dada la celeridad de la decisión, el fiscal Khan anunciaba públicamente la petición de arresto contra Netanyahu y Gallant. Es decir, veinte días después de ser acusado por abuso sexual, y supuestamente con Qatar mediante, el fiscal lanzaría la bomba contra Israel en plena situación de guerra. Sería entonces cuando el “cuidado” prometido por Qatar empezaría a perpetrarse.
La información publicada por The Guardian explica que la presunta víctima de Khan habría sido objeto de una operación encubierta que involucró a dos empresas de inteligencia privadas británicas, Highgate (consultora estratégica que, según propia definición, gestiona “problemas de alto riesgo”), y Elicius Intelligence, empresa especializada que, según la información del periódico, habría recopilado información sensible sobre las vidas privadas, relaciones y situaciones financieras de la mujer, su hijo, su marido y sus padres, pirateando incluso sus contraseñas y su correo electrónico. El objetivo, según la documentación conseguida por The Guardian, era intentar implicar a la presunta víctima con intereses israelíes, y el cliente que financiaba la operación sería una unidad diplomática de alto nivel dentro del estado de Qatar. Según el nuevo testimonio -cuya declaración fue presentada al FBI- dicha operación de inteligencia privada también habría apuntado a dos estadounidenses: Tom Lynch, el alto funcionario de la CPI que primero denunció la acusación de asalto, y el senador Lindsey Graham. Highgate niega parte de la información, pero reconoce sus encuentros con los representantes de Khan, y los describe como “privados, comercialmente sensibles y confidenciales”. También los abogados de Khan reconocen los encuentros, pero niegan las intenciones, como así el propio gobierno de Qatar.
En el interín, la investigación de la ONU ha encontrado bases fácticas en la denuncia contra el fiscal que ha sido apartado, a la espera de resolución y una nueva mujer, que había sido su becaria, ha presentado otra denuncia por abuso sexual. Al tiempo, según The Guardian, no se ha encontrado ninguna relación de las dos denunciantes con ningún complot contra el fiscal, y mucho menos con ningún interés israelí.
